En la legislatura 2003-2007, la entonces alcaldesa Socialista Gloria Calero, suscribió un convenio con la empresa estatal ACUAMED, por el que el ayuntamiento de Sagunto se comprometió a hacerse cargo del coste de la desaladora que en aquel entonces era un proyecto por construir en Parc Sagunt. Aunque les llevó su tiempo, los de ACUAMED levantaron esa desaladora cuya previsión inicial de gasto era de 27 millones de euros, pero, como ocurrió con tantas y tantas obras llevadas a cabo por los gobiernos de la nación, tanto del PP como del PSOE, esta obra no fue una excepción y también se les fue la mano, con lo que la obra se fue a más de 43 millones, o eso parece, porque a día de hoy el baile de cifras continúa.

El caso es que, según ese convenio, el ayuntamiento de Sagunto tenía que empezar a pagar a partir del momento en que se pusiera en marcha la desaladora. Ahí está la primera discrepancia, puesto que los de ACUAMED aseguran que la obra está acabada desde 2013, por lo que le piden al ayuntamiento que haga frente al pago de la amortización desde esa fecha, mientras que el ayuntamiento se defiende asegurando primero que el exceso de gasto desde 27 a 43 millones, no ha sido justificado por la empresa, y segundo que el lugar donde se ubica la instalación no tiene condición de solar, por lo que aún no puede estar en marcha. Me pregunto como es que no puede estar en marcha y están suministrando agua a una empresa del municipio.

Y también me pregunto como van a llevar agua a Cataluña si la desaladora no debería estar en marcha. Según nuestro ayuntamiento, al ser una instalación hidráulica de interés general, esas decisiones son cosa del Ministerio, por lo que ahora resulta que el Gobierno de la Nación tiene todo el poder de decisión en una desaladora cuyo coste le pretenden clavar a los ciudadanos del municipio de Sagunto. Y digo más; si los jueces le han dado la razón al ayuntamiento en que la empresa no puede estar en funcionamiento y por ese motivo no le puede exigir al ayuntamiento que le pague los costes de amortización desde 2013, sigo pensando que aquí hay un enredo bastante importante porque no cuadran las cosas.

Respecto a los 43 millones que pretenden que les paguemos, aquí tampoco cuadran los números. Primero porque como he escrito más arriba, no han justificado los sobrecostes del proyecto. Y, en segundo lugar, porque un total de 16,2 millones de euros fueron pagados con fondos europeos, por lo que, si nos hacen pagar el 100% del coste, esos 16,2 millones los van a recibir por partida doble, algo que nadie me ha podido explicar.

Podría seguir escribiendo muchas más líneas sobre la desaladora, pero lo que creo que más le puede interesar a los ciudadanos es que, la puesta en marcha de esa instalación nos supondrá un fuerte incremento en el recibo del agua. Mi opinión es que esa desaladora no hacía falta cuando la instalaron. Y por mucho que diga nuestro alcalde, conocido como el chico de las fotos, tampoco hacía falta con la llegada de la megafactoría, puesto que nuestra comarca tiene derecho a 1000 litros/segundo de agua del Júcar, de la que apenas utilizamos 260 litros/segundo. Es decir, que esa desaladora, encima que la pagaremos, aunque nunca será nuestra, solo servirá para hacernos perder los derechos que tenemos por ley del agua del Júcar. Maravillosa gestión de los alcaldes del PSOE, la del 2007 y el de ahora, sumisos ante su amo y señor de Madrid…