Ayer tarde, 2 de junio se  celebró una reunión de los vecinos afectados por la posibilidad de ser desalojados de sus casas, según una sentencia judicial a instancias del SAREB. Iniciativa Porteña fue invitada a dicha reunión y su concejal Juan Guillen nos ofrece una valoración de la misma.

En esa reunión una representación de los vecinos explicó a los asistentes las últimas novedades que básicamente consisten en que desde la Generalitat se han puesto en contacto con el SAREB para intentar llegar a una solución satisfactoria para los afectados. Dicha solución consiste en que se les va a ofrecer a los vecinos la posibilidad de suscribir un contrato de alquiler o bien adquirir la vivienda, si bien matizando que ambas posibilidades se harán con el respectivo precio de mercado. Una tercera opción consiste en que aquellos vecinos que opten por dejar la vivienda que ahora ocupan, dispondrán de un tiempo prudencial para que no tengan que desalojar la vivienda en apenas unas semanas, para lo cual la SAREB no instará al Juzgado a que ejecute la orden de desalojo.

La situación de estos vecinos, según el concejal porteño representa una auténtica injusticia social a pesar de que una reciente sentencia dictaminó que debían desalojar la vivienda, que ocupaban desde hace años y por la que venían pagando religiosamente un alquiler.

Desde Iniciativa Porteña valoramos positivamente la solución propuesta por la SAREB, después de la intermediación de la Consellería de Vivienda, porque no podemos olvidar que la SAREB, conocida popularmente como Banco malo,  fue creada para absorber productos inmobiliarios escandalosamente sobrevalorados de los bancos y por tanto absorber esos productos tóxicos bancarios y evitar el colapso de numerosas entidades bancarias. Dándose además la “escándalosa” situación  de que después de adquirir esos inmuebles al precio que figuraba en el balance de esos bancos, es decir  a precio de oro, fueron ofrecidos a precio de ganga a fondos de inversión y fondos “buitre”. Todo esto a cuenta de miles de millones de euros que salieron del sufrido bolsillo del contribuyente español.

Resultaría paradójico que la SAREB, que nos ha costado y sigue costando un auténtico dineral a los españoles a beneficio de bancos y sociedades de inversión, actuara al más puro estilo especulativo, instando el desalojo de 60 familias que fueron estafadas por un entramado de empresas fantasma, para poder disponer de esas viviendas y volverlas a vender para sacar un jugoso beneficio.

En este contexto las administraciones públicas, en este caso Consellería de Vivienda no podía ponerse de perfil,  poniendo todo de su parte para llegar a una solución socialmente justa.

El concejal segregacionista comenta la posibilidad apuntada por los vecinos en la reunión de denunciar a la empresa que los ha estafado, alquilándoles unas viviendas de las que no era propietaria. 

Para entender la situación actual debemos retrotraernos en el tiempo ya que las familias del residencial Zarabanda fueron objeto de una estafa. La empresa constructora que alquiló las viviendas no las elevó a escritura pública y tampoco lo hicieron las sucesivas gestoras como RKS Real Estate. Mientras tanto la empresa constructora quebró y fue “rescatada” por la SAREB que adquirió esas viviendas por 8,5 millones de euros. En ese momento la empresa estatal inició el proceso de desahucio ante el Juzgado competente, que una vez comprobó que esos contratos no se elevaron a escritura pública los declaró nulos. Es decir todo un lío judicial y de quiebra de empresas y rescates del SAREB donde los vecinos han actuado siempre de buena fe y pagando religiosamente.

Los vecinos en el debate que se suscitó en la reunión, a la que también acudió el alcalde, comentaron la posibilidad de emprender acciones legales contra la empresa que ha estado ingresando religiosamente el alquiler de las viviendas y que no elevó a escritura pública esos contratos como debía haber hecho, propiciando la situación actual.