Con ocasión de la aprobación de la  nueva ordenanza sobre la plusvalía, Iniciativa Porteña considera que se ha dejado pasar una oportunidad única para que este equipo de gobierno corrija en parte la discriminación tributaria que sufre El Puerto respecto de Sagunto cuando se compra, o se hereda o se dona una casa. El concejal de Iniciativa Porteña Juan Guillén explica en qué consiste esa discriminación tributaria:

  Debemos tener en cuenta que cuando realizamos una transmisión inmobiliaria, por ejemplo la compra venta de una casa, se devengan una serie de  impuestos. Uno de esos impuestos es la plusvalía, y otro es el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) que toma como base de cálculo el valor catastral (desde el 1 de enero el índice de referencia) de nuestros inmuebles.

  Pues bien en el ITP pagamos un 20% más en El Puerto que en Sagunto, por la sencilla razón de que la Generalitat aumentaba, no se sabe muy bien por qué los valores catastrales del Puerto un 10%. Y a la vez, sin saber tampoco muy bien por qué, reducía esos valores catastrales un 10% cuando el inmueble se encuentra en Sagunto. Alguien podría argumentar que las casas en El Puerto valen más que en Sagunto, pero ese factor ya lo tiene en cuenta el catastro al hacer las valoraciones catastrales y por tanto no tiene sentido que la Generalitat sin ningún tipo de motivación vuelva a corregir esas valoraciones de forma discriminatoria para El Puerto.

Desde Iniciativa Porteña consideran que la nueva normativa sobre la plusvalía ofrecía posibilidades legales para corregir la actual discriminación tributaria que sufre El Puerto, y en cambio el equipo de gobierno se ha negado siquiera a estudiar esta propuesta realizada por el concejal segregacionista, Juan Guillén, tanto en la comisión de Economía como en el pleno extraordinario que se ha celebrado para aprobar la nueva ordenanza sobre la plusvalía:

  Hay que recordar que la plusvalía es el impuesto que grava el aumento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y que se devenga cuando se produce una transmisión inmobiliaria, es decir a la vez que el ITP, que ya hemos  visto que era altamente discriminatorio hacia El Puerto. Por eso consideramos que la redacción de esta nueva ordenanza sobre la plusvalía para ajustarla a los parámetros constitucionales, era una oportunidad para mitigar, en parte al menos, ese trato tributario tan desfavorable hacia los porteños. Posibilidad que el equipo de gobierno una vez más ha pasado por alto.

  El Real Decreto Ley que establece los principios generales que deben contemplar las ordenanzas municipales sobre la plusvalía dispone que los ayuntamientos podrán disminuir los valores catastrales a efectos de la plusvaía hasta un 15%. Desde Iniciativa Porteña hemos argumentado jurídicamente, en la comisión de economía y en el pleno,  que esa disminución podía aplicarse a solo una parte del municipio, de forma que si los valores catastrales del suelo en El Puerto se redujeran ese 15% obtendríamos una plusvalía a pagar menor, que absorbiera en parte el 20% que pagamos de más en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP).

  Pero nada de esto ha sido suficiente para que este equipo de gobierno, conformado por PSOE, Compromís y EU, perpetúe “ad eternum” la discriminación tributaria que sufrimos los porteños.