Al igual que se dice en la canción de Roberto Carlos: Yo, también, quisiera tener un millón de amigos para que todos juntos reclamar los  derechos que se derivan de la dignidad inherente a la persona humana  y, a su vez,  manifestar nuestro rechazo al  poder de  apariencia  que malévolamente ejercitan la  administración autonómica y  la municipal.  Este modo de operar, desdeña la realidad social, fomenta el  sectarismo absurdo, genera brechas divisorias en la convivencia social y .no tiene más objeto que negar  a  los porteños su identidad como pueblo.

Según Ortega y Gasset: “los asuntos de menor calibre aparente, tienen un sentido más hondo y serio del que ligeramente se le atribuye”. Si aceptamos este consejo y nos ponemos a desentrañar el trato que ha recibido el  expediente de segregación en el ámbito administrativo, podremos constatar  que se ha llevado al pairo de los intereses políticos y sin el debido respeto a  los principios y derechos constitucionales.  Esta falta de rigor  político, se ha visto agravado por el bajo nivel ético demostrado por  el  Consejo dela Generalitat, debido a que han  utilizado el texto de una resolución administrativa, para menospreciar  a la ciudadanía porteña.

Una de las tesis más controvertidas de la Resolución, ha sido   juzgar  que la petición de segregación, no ha contado con  el apoyo mayoritario de los vecinos, Esta apreciación, además de no ser cierta,  supone una   interpretación falaz  del  RD 1690/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación.  Esta normativa en  su Art 54, establece: “que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio” En ese mismo artículo,  se dispone  que  los menores de edad no emancipados tendrán la misma vecindad que los padres que tengan su guarda o custodia.  Y en el 56,  recoge los derechos que les son conferidos a los vecinos, entre  otros: ser elector y elegible, así como aquellos otros establecidos en las leyes. Lo que ocurre, es que estos derechos solamente pueden ser ejercitados por los mayores de edad.

El enfoque interpretativo que se deriva de la referida normativa, nos lleva a reconocer que la persona o sujeto de derecho, es la que determina la vecindad y el ejercicio de las acciones que le confiere la ley. Por esta razón,  los vecinos mayores de edad que han apoyado la  segregación, son la mayoría de los que pueden  ejercitar este derecho.  No obstante, sila Administraciónha decidido computar numéricamente  a los menores de edad, pese a que no tienen capacidad para obrar, con  intención  de desvirtuar el apoyo a  la segregación, tendrá que reconocer su error y admitir que ha infringido  la obligación de interpretar la ley desde los valores, principios y normas constitucionales.

Otro de los temas que merecen una  reflexión,  son  las dos sentencias judiciales que han recaído  a instancias del entorno del PSOE y el BLOC, cuyos fallos son contrarios a la celebración de plenos municipales en el Centro Cívico. Ambas adolecen de una  interpretación formal, que no  respeta  el derecho constitucional que garantiza la autonomía municipal para organizar su funcionamiento. No obstante, nos sugiere   que  dos pueblos no pueden depender de un solo  Ayuntamiento. Por ello,  la única solución razonable es  la segregación o en trasladar el Ayuntamiento a El Puerto, donde hay un  edificio que reúne las condiciones idóneas  y reside  la mayoría de la población.

De nada sirve que, ahora,  los partidos que han promovido el litigio, se muestren conciliadores y sugieran al  Ayuntamiento que no recurran las sentencias, para evitar gastos innecesarios. ¿A caso han olvidado que cuando ellos gobernaron hicieron uso y abuso de los recursos, para mantener al señor Civera en el equipo de gobierno hasta finalizar la legislatura? Alejar a la ciudadanía porteña de la actividad municipal y seguir manteniendo el ego capitalino, es azuzar las brasas para alentar el tradicional   soberanismo,  que en nada favorece a El Puerto. Nadie en su sano juicio, puede ignorar las razones que impulsan a   un núcleo de población de más de 46,700 habitantes a querer  constituirse en municipio independiente. ¡Ay, si tuviera un millón de amigos!