Desde que la Generalitat Valenciana, publicó en junio del pasado año la ley de Régimen Local para la Comunidad Valenciana, quienes están empeñados en socavar el movimiento segregacionista, quienes están interesados en impedir que El Puerto tenga su propio Ayuntamiento y su propio término municipal, se aferran a la nueva ley como tabla de salvación para lanzar a los cuatro vientos, que la segregación ya es inviable que ya es imposible, que ya podemos levantar los brazos y renunciar a la misma. Y lo hacen sin pararse ni a leer detenidamente lo que dice la mencionada ley y mucho menos a pensar lo que dan de sí ese tipo de leyes. Y esto último, se lo voy a recordar con un ejemplo reciente:

La actual Ley Electoral General, la que rige todos los procesos electorales en España, entre ellos el de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. Se publicó en junio del 1985, fue modificada en abril de 1987, vuelta a modificar en marzo de 1991 y de nuevo en noviembre de 1992, siguió modificándose en marzo de 1994, en marzo de 1995, en mayo de 1997,en junio de 1998, en abril de 1999, en junio del 2002, en noviembre de 2003 y en marzo del 2007. Es decir entre su publicación hasta la última modificación han transcurrido 22 años y ha habido nada menos que 12 correcciones.

La modificación de 2002, consecuencia de los cambios en la Ley de Partidos, se hace ex profeso para que los “batasunos” no puedan presentarse a las elecciones. Como en las de mayo del 2003, se les cuelan a pesar de ley, vuelven a modificarla  en noviembre del 2003,  para cerrarles de  nuevo el paso.

En las posteriores consultas electorales, se presentan con dificultades y limitaciones, bajo diversos subterfugios, con las consecuentes reinterpretaciones de la misma ley. Hasta que en estas últimas anuncian a bombo y platillo que se van a presentar con el nombre de BILDU, la fiscalía interviene y recurre sus candidaturas, el Tribunal Supremo acepta el recurso y sentencia la anulación de las mismas.

A consecuencia de esta sentencia  el PNV le anuncia al señor Zapatero que vaya haciendo las maletas que se va de la Moncloa, y los del PSOE le contestan que tranquilidad, que todavía falta la resolución del Tribunal Constitucional. Y efectivamente, este considera, en aplicación de la misma ley, que no hay motivo para que no se presenten.

En definitiva, Batasuna ha entrado en las instituciones, con la ley “antibatasuna” bajo el brazo, por la puerta grande y en tromba.

Casos como este, de sistemáticas modificaciones de una ley, de interpretaciones y reinterpretaciones, con sentencias contradictorias, con lecturas políticas de los tribunales, las podemos encontrar por doquier.

En lo que a nosotros nos concierne, ninguna ley o norma impide que El Puerto pueda segregarse del municipio de Sagunto, ni la anterior ni la actual de la Generalitat Valenciana. La segregación de El Puerto depende en este  momento de la voluntad política del Gobierno de la Generalitat.

Y es posible que para ablandar esa voluntad necesitemos esforzarnos en poner más en valor nuestra conciencia de pueblo, pero los motivos no nos faltan, tenemos infinidad de argumentos para demostrar que el Puerto debe tener su propio Ayuntamiento, pues nos interesa a todos, si es necesario demostrarlo una vez más lo haremos, es bien sencillo.

Por ello los agoreros antisegregacionistas, que se agarran a un apartado, de un articulo, de una ley del Consell que trata sobre el tema de creación de nuevos municipios ya pueden ir buscando otros discursos para desprestigiar a la segregación, porque los que utilizan actualmente tienen la misma consistencia que el papel de fumar.