Según dicen los expertos, la dictadura constitucional es «la forma de gobierno en el que, aunque aparentemente se respete la Constitución, en realidad el poder se concentra en las manos de un líder o el de sus cómplices, quienes controlan directa o indirectamente los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial».
Por paradójico que resulte esta denominada dictadura, deja de tener cierto sentido si analizamos el progresivo deterioro de las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como en el autonómico, debido a que hay políticos, con responsabilidad de gobierno, que se comportan como si estuvieran en un régimen de monarquía absoluta del siglo XVIII y, además, cuando así les conviene, prescinden del ordenamiento jurídico para imponer su autoridad. Esta forma de ejercer la política, se ve favorecida por el oscurantismo que afecta al poder judicial, que de alguna manera influyen en las decisiones; y dan lugar a sentencias incongruentes e injustas, que en nada favorecen la credibilidad de un Estado de Derecho. Ejemplo de lo dicho: puede considerarse la Sentencia que ha rechazado el recurso interpuesto IP/SP, denunciado una situación de indefensión,`por no haber sido admitidas pruebas que demostraban que la parte considerativa de las resoluciones o sentencias dictadas, se fundamentaban en suposiciones y no en hechos reales. Tal vez, la culpa de que se haya perdido esta batalla, que no la guerra, puede ser atribuida a los funcionaros públicos que, en demérito de su ética profesional, emitieron informes desvirtuando la realidad existente. Esta actitud, sólo puede entenderse como un exceso de celo, por apoyar la actitud adoptada por la bandería antisegregacionista.
Hay que admitir que erradicar esta perversión política, no debe ser tarea fácil. Sin embargo, sí que lo es, llegar a la conclusión de que los partidos políticos han tomado el relevo de las oligarquías ancestrales, que basaban su que hacer en borrar la memoria histórica de los pueblos y desvalijar a los ciudadanos de su capacidad de pensar, para dominarlos con mayor facilidad. Si esta consideración generalizada, la trasladamos a nuestro entorno, comprobaremos que es el mismo ideario que utilizan los políticos autonómicos y locales, con la salvedad de que aquí se emplea una vara de medir para Sagunto y otra, muy distinta, para El Puerto. Esta dualidad de criterio, supone que en Sagunto, no se regatean esfuerzos para preservar la memoria histórica, rehabilitando sus edificios más significativos. En cambio en el Puerto, unos partidos más que otros, emplean toda clase de subterfugios para ir eliminando toda referencia que pueda tener algún significado con la identidad porteña (incluida la lengua materna), a fin de evitar la segregación, ya que ésta, impediría alcanzar la codiciada ciudad de gran población.
Para demostrar que el trato discriminatorio hacia El Puerto, es algo más que una opinión subjetiva, lo mejor es exponer un caso concreto. Y a tal fin, por merecimiento y razones de memoria evocativa, ya que en este año hubiera celebrado su cumpleaños centenario; creo que merece ser recordado: el Edificio que albergó la primera escuela y capilla en este lugar: Inaugurado en 1911, sirvió para que en él, se fraguaran los valores morales y educativos de la sociedad porteña y a mi juicio, simbolizó la voluntad inequívoca de los primeros pobladores de convertir el asentamiento en una comunidad vecinal, donde pudieran desarrollarse como ciudadanos de pleno derecho. Transcurridos los años, se convirtió en la Escuela de Aprendices de AHV y por ultimo, volvió a ser escuela de Menera. Este emblemático edificio, por intereses urbanísticos, fue derribado con el beneplácito del PSOE, EU y BLOC, que constituían el gobierno tripartito del Ayuntamiento. Hoy, está reducido a un solar, sin más. ¿Es, esto, lo que podemos esperar los porteños que no queremos renunciar a nuestra memoria histórica?
Digan lo que digan los agoreros, deberán de tener presente que el hecho de que nos hayan impuesto un castigo administrativo y otro judicial, que no una condena a cadena perpetúa; sólo sirve para avivar el potencial de rebeldía que tenemos los seres humanos y en modo alguno, van a conseguir que decaiga nuestra irrenunciable voluntad de seguir perseverando para que El Puerto sea reconocido como municipio Ya que es de justicia; cumple los requisitos exigidos en las bases del Régimen Local; ha sido, es y lo seguirá siendo, la voluntad mayoritaria de los ciudadanos porteños y, además, las resoluciones injustas, son recurribles ante el Tribunal Constitucional y otras instancias de la Unión Europea, que tienen el cometido de velar por el derecho de los ciudadanos de la C.E. Y si en este devenir reivindicativo, los políticos dan la espalda a los porteños; estos pueden hacer lo mismo con ellos, ya que el poder de los ciudadanos está en el sufragio. No obstante, considero que sería útil meditar sobre la reflexión del escritor y pensador José Martí, también conocido por el profeta cubano: “el hombre, no deja que otros le ganen el suelo en que han de vivir en libertad. Hombre es quién estudia las raíces de las cosas. Lo otro es rebaño, que se pasa la vida pastando y balándoles a las novias”
